El desarrollo de energías renovables, como la eólica o la fotovoltaica, en Euskadi se enfrenta no solo al reto de la inversión y financiación, sino también al rechazo social a las infraestructuras y a la insuficiente capacidad de las redes eléctricas, especialmente de distribución, en territorios como Álava.

 

Las demoras en su expansión y modernización han convertido a las redes eléctricas en un cuello de botella para nuevas inversiones industriales, tanto en sectores emergentes (computación y centros de datos, baterías y almacenamiento, movilidad eléctrica, etc.) como en proyectos de descarbonización de las empresas intensivas en energía.

 

La situación actual se debe a factores regulatorios, sociales y a una planificación obsoleta, diseñada para escenarios de crecimiento gradual de la demanda, frente a la situación actual de requerimientos de nueva capacidad muy significativos.

 

Esta situación de impasse debe resolverse cuanto antes. Mientras que los proyectos de energía renovable pueden estar operativos en menos de cinco años, el despliegue de nuevas infraestructuras de redes puede llevar más de 10 años. El desarrollo de las redes implica procesos regulatorios complejos, múltiples permisos y requiere el apoyo de las comunidades locales.

 

No facilitar las inversiones en redes generará pérdida de competitividad industrial y empresarial en un contexto económico y geopolítico en el que muchos sectores industriales están en riesgo en Europa y Euskadi. En primer lugar, dificultará la reducción de los costes energéticos a través del autoconsumo y las energías renovables. Por otro lado, retrasará la descarbonización de la industria.

 

Además, limitará las inversiones en actividades innovadoras que arrastran a cadenas de valor muy importantes en Euskadi, como los componentes y equipos eléctricos, el almacenamiento o las soluciones digitales, y crean conocimiento y nuevas capacidades. También dificultará avanzar hacia una mayor autonomía estratégica, con menor dependencia de importaciones de combustibles fósiles.

 

En última instancia, lo que está en juego es el bienestar de la población vasca. Sin inversiones en redes eléctricas no se avanzará en la descarbonización de la economía a un ritmo deseable y se pondrán en riesgo sectores industriales que no solo generan empleo de calidad y valor añadido, sino que facilitan, con sus actividades, la financiación de servicios públicos y el mantenimiento del bienestar.