El pasado 29 de febrero, el Tribunal Supremo condenó a tres empresas a pagar una multa de 775 millones al quedar probada la participación de algunos de sus trabajadores en el tráfico de cocaína, oculta en maquinaria de importación y exportación entre España y Venezuela. Fue la primera sentencia que abordaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma del Código Penal en julio de 2015, una nueva regulación que todavía pocas empresas conocen pero que, entre otros, establece que las personas jurídicas pueden resultar penalmente responsables de los delitos que se cometan en el seno de su organización por no haber puesto
Facilitar la participación de las personas trabajadoras en la toma de decisiones de sus empresas y, por derivada, amarrar los centros de decisión al territorio, es el objetivo de la Norma Foral en cuyo proyecto trabaja en este momento la Diputación de Gipuzkoa, en el marco del plan de Reactivación Económica. La medida, que podría someterse a votación en Juntas Generales después del verano, entraría en vigor con efecto retroactivo a 1 de enero de 2016. Como explicaba en su presentación el diputado foral de Hacienda y Finanzas, Jabier Larrañaga, se trata de hacer partícipes a los trabajadores de la propiedad de la compañía favoreciendo su ent
