La gestión de los fondos europeos de transformación ha pasado por diferentes estadios. Desde que se conoció el montante total asignado al Estado por la UE para reactivar la economía y paliar las consecuencias de la pandemia, los criterios para su distribución han suscitado numerosas dudas. No ha sido hasta hace pocas jornadas cuando se ha cerrado un acuerdo entre los gobiernos central y vasco respecto a los proyectos a financiar por el Fondo de Sostenibilidad de las Comunidades Autónomas, que los definirá Lakua. De ellos, a Euskadi se le han asignado 1.025 millones de euros, el 4,65% del total. Ya han llegado 828 millones y se ha movilizado el 80% de los mismos. Asimismo, se abren vías de diálogo sobre los Perte, que estaban suscitando también diferencias. Solo el del Vehículo Eléctrico y Conectado está totalmente adjudicado. No debe ser sencillo trasladar cerca de 140.000 millones de euros a la economía real, de acuerdo a los criterios marcados por Europa y a las especificidades competenciales de cada nivel institucional. Pero debe haber consenso político para agilizar su llegada a los proyectos de mayor calado estratégico y potencial transformador, para que puedan desplegar su capacidad de arrastre a todo el tejido empresarial. Unos recelos que se extienden también al carácter realmente transformador de algunos de los proyectos que financian estos fondos, como las ayudas a la digitalización.