“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo…Toda persona tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”. El texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 (¿seríamos capaces hoy en día de aprobar una declaración así? Sospecho que no) recoge dentro de su articulado aquellos aspectos de la vida que deben protegerse para las y los “miembros de la familia humana” (expresión de la que hoy, para nuestra vergüenza, muchos y muchas se reirían). 

Que el trabajo no es tan solo un instrumento y que, en definitiva, la economía tiene que tener una visión más humanista ya lo defendió hace algunos siglos el dominico Francisco de Vitoria, cuyo pensamiento ayudó a establecer las bases de la Declaración Universal, como ha reconocido la ONU dedicándole un busto en su sede de Nueva York y una sala en su sede de Ginebra. Y es que, el trabajo nos define: define nuestro tiempo, nuestro descanso, nuestro modo de vida…No es una mera transacción entre dos partes, por mucho que se quiera simplificar.

Y es precisamente por eso por lo que su regulación es tan importante. Y dentro de esta regulación, la autorregulación, el fruto de la autonomía colectiva, juega un papel cualitativamente relevante. Porque son las partes pegadas al terreno (al sector, a la empresa) las que mejor conocen qué es lo deseable y qué lo posible. Las desavenencias con respecto a lo primero son legítimas, entendibles y esperables. El esfuerzo para acordar en torno a lo segundo es necesario, malentendido en ocasiones y muchas veces invisible. 

Pero esta casa, que es el Consejo de Relaciones Laborales, sí lo ve. Y lo contamos: venimos diciendo en los últimos años que la negociación colectiva —que ha superado contextos de enorme parálisis— se está desarrollando de forma razonablemente positiva. En concreto, 2025 finalizó con el 63,8% de la población asalariada sujeta a acuerdos de negociación colectiva con sus convenios en vigor, mientras que el 31,7% los tenía en situación de prórroga. En total, un 95,5% cuenta con la protección de un convenio, y el 4,5% que tiene su convenio decaído y sin cobertura de uno de ámbito superior, aun siendo significativo, supone el porcentaje más bajo desde 2014.

Pero estos son solo datos, siempre un poco tramposos, siempre las ramas que nos dificultan ver bien el bosque. Porque aun siendo positivos, como ahora, no deben deslizarnos a la autocomplacencia: la negociación colectiva nunca es fácil, y los retos son muchos.

Uno de los principales está en la renovación de los convenios que finalizaron su vigencia ordinaria el 31 de diciembre de 2025. Algunos de ellos (no los mencionaré para evitar agravios) establecen las condiciones laborales para un número importantísimo de trabajadoras y trabajadores, y cuentan además con el precedente de conflictos importantes en negociaciones anteriores. Habría que añadir a este escenario las ya permanentes turbulencias geopolíticas, aunque la negociación colectiva cuenta como uno de sus méritos el de la capacidad de ser contraintuitiva y conseguir acuerdos en contextos en los que los elementos que invitaban al optimismo eran más bien escasos.

Pero hay más retos: acortar la duración de los procesos negociadores (se acercan a los dos años en el caso de los convenios de sector) es uno de ellos. Y la introducción de nuevas materias objeto de negociación es otro. En este aspecto, la negociación colectiva va a resultar fundamental en la transición hacia economías medioambientalmente sostenibles que además introducen nuevos sistemas tecnológicos. Cuestiones como, entre otras, el teletrabajo y la desconexión digital tendrán que encontrar su espacio ante las consecuencias disruptivas que las grandes transiciones van a tener en las empresas.

He dejado para el final la mención a las 48.000 trabajadoras y trabajadores que, siendo en principio susceptibles de establecer acuerdos de negociación colectiva, desarrollan su labor en actividades no reguladas por convenio. Este sí que es un reto notable.