El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha presentado el Anteproyecto de Ley de Universidades, una normativa diseñada para modernizar y proyectar la universidad vasca hacia el escenario internacional.

Tras más de dos décadas de desarrollo bajo la Ley del 2004, el anteproyecto establece un nuevo marco normativo que redefine el funcionamiento, la gobernanza y la proyección del Sistema Universitario Vasco (SUV), con el objetivo de consolidarlo como un sistema cohesionado, innovador, de calidad y conectado con su entorno social, cultural e internacional.

En palabras del consejero Pérez Iglesias, “la nueva normativa establece las bases para que las universidades vascas ganen en proyección y presencia internacional, eleven su calidad y afiancen su compromiso con la sociedad vasca, de manera que refuercen aún más su papel como agentes determinantes del desarrollo económico, social y cultural del País Vasco.”

El anteproyecto refuerza la dimensión internacional del sistema universitario y plantea importantes novedades. De este modo, en relación con el Personal Docente e Investigador de EHU, el texto establece una “trayectoria académica estándar” que incluye una estancia de dos años en centros de investigación o universidades extranjeras de prestigio. La experiencia internacional será, además, un mérito preferente en los procesos de selección y evaluación del profesorado.

Asimismo, para posicionar al Sistema Universitario Vasco como un referente científico, se crean figuras como la de investigador o investigadora permanente y profesor/a de investigación, con dedicación principal a la actividad investigadora, así como la figura del profesor o profesora distinguida, orientadas a atraer a personalidades académicas del máximo nivel internacional.

El anteproyecto otorga un tratamiento especial al euskera y apuesta por reforzar y establecer relaciones preferentes entre las universidades “del territorio del euskera”. Esta apuesta se articula mediante un modelo de relaciones concéntricas que abarca a la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra, a la Macrorregión Atlántica y a la Diáspora Vasca.

En materia de igualdad y bienestar, el anteproyecto establece la creación de unidades de igualdad, diversidad y bienestar en las universidades, reforzando su compromiso con entornos académicos inclusivos y saludables. Igualmente, introduce el principio de confianza, principio que se deberá aplicar para aligerar trámites y carga administrativa.

En el ámbito académico, también se prevé la posibilidad de que el Gobierno Vasco promueva universidades o centros universitarios especializados a través de un Centro de Estudios Avanzados, con el fin de impulsar estudios superiores altamente especializados y su proyección internacional.

Investigación y transferencia

La investigación ocupa un lugar central en el nuevo texto, al vincularla de forma inseparable a la actividad formativa. La actividad de innovación se define expresamente como aquella investigación orientada a producir impacto social, y se establece como principio rector la primacía de la calidad y la relevancia frente a la cantidad de resultados. Asimismo, se abre la vía para el reconocimiento de centros de investigación universitarios con autonomía funcional, fortaleciendo su capacidad de actuación.

El anteproyecto refuerza de manera decidida las funciones de transferencia del conocimiento, difusión y emprendimiento, consolidando el papel de la universidad como agente clave de innovación social y económica.

Otro de los elementos estructurales del texto es la consideración de las universidades vascas como un sistema, con las consecuencias que ello implica en términos de coordinación y planificación. En este sentido, se atribuye al Gobierno, de acuerdo con las universidades, la elaboración de la programación de los estudios universitarios, garantizando una oferta ordenada y alineada con las necesidades del país.

En este sistema cohesionado y planificado, la Agencia Vasca de Calidad (Unibasq) desempeñará un papel crucial ya que será la encargada de garantizar los estándares de evaluación homologables internacionalmente. Se introducen, además, sellos de calidad orientados a reforzar la transparencia y la rendición de cuentas del sistema universitario a la sociedad. 

Novedades en la asignación de recursos económicos

El nuevo texto actualiza el modelo de financiación universitaria. De este modo, la aportación ordinaria —la destinada a financiar las funciones básicas (docencia, investigación y transferencia)— de la universidad pública dependerá del nivel de actividad, pero su cuantía podrá incrementarse en función de la captación de recursos propios. Además, se habilita expresamente, para todas las universidades, la posibilidad de financiación mediante los rendimientos de fondos patrimoniales procedentes de donaciones de personas físicas o jurídicas (endowments).

El anteproyecto de ley introduce también cambios relevantes en la asignación de los recursos económicos. Así, se incentiva la captación de recursos externos por parte de la universidad pública para facilitar la dedicación del profesorado a tareas orientadas al cumplimiento de misiones estratégicas de la institución.

En el ámbito retributivo, los complementos salariales pasan a estructurarse en una parte consolidable y otra no consolidable, vinculando de forma más directa la retribución al desempeño y los méritos, si bien se dará opción, al personal docente e investigador que así lo prefiera, de mantener las retribuciones actuales en concepto de complementos.

A partir de ahora la tramitación del Anteproyecto de Ley de Universidades será la prevista en la Ley 6/2022, de 30 de junio, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, lo que incluye, en su fase gubernativa, el inicio ahora de un proceso de participación pública y la recepción de alegaciones e informes por los agentes interesados y órganos expertos. Una vez atendidas estas aportaciones, el Gobierno Vasco convertirá el texto resultante en proyecto de Ley que será remitido al Parlamento Vasco para continuar allí la fase de tramitación parlamentaria hasta su aprobación como Ley.