El fuerte aumento de los aranceles a la importación a comienzos de 2025 ha confirmado un cambio de paradigma en la aplicación de la política comercial norteamericana, relevante a escala mundial dado el carácter de Estados Unidos como líder hegemónico.

Si bien no es en absoluto una novedad que un país vire hacia posiciones más proteccionistas, circunstancia habitual en situaciones de crisis o desequilibrios profundos en balanza de pagos, la radical transformación en las relaciones comerciales exteriores que propugna Donald Trump ha roto con el esquema multilateral de comercio vigente, instaurado en Bretton Woods tras la Segunda Guerra Mundial y refrendado en 1993 con la creación de la Organización Mundial de Comercio. Tal ruptura con los compromisos de libre comercio vaticina una vuelta a sistemas de compensación bilateral, consistentes en permitir solamente el suministro de productos foráneos a cambio de alguna contraprestación, por ejemplo, el acceso a materias primas u otras ventajas de carácter comercial, político o estratégico.

La reciente experiencia de Ucrania augura que EE.UU. exigirá concesiones a cualquier apoyo, situación que recuerda el acceso a las materias primas del que disfrutaban las antiguas metrópolis en el periodo colonial. Solamente aquellos países que puedan ejercer una presión más intensa en la amalgama de intereses económicos norteamericanos, como ha sucedido con China, podrán reducir sus aranceles de importación.

Las negociaciones comerciales entre EE.UU. y la Unión Europea parecen haber quedado recientemente en un segundo plano mediático; no obstante, la amenaza del establecimiento de aranceles superiores al 20% sigue latente, ya que podrían representar una compensación a las concesiones otorgadas a otros bloques con mayores posibilidades de negociación (China) o a quienes confiera beneficios por considerarlos socios prioritarios (Reino Unido). Por consiguiente, es de esperar que EE.UU. establezca aranceles altos a la UE en sectores estratégicos (tal vez superiores al 25%), al mismo tiempo de mantener un “tipo básico”, en torno al 10%, para todo tipo de productos que no sean de importación esencial.

La apertura relativa del mercado norteamericano dependerá del resultado de las futuras negociaciones, donde las tasas a las grandes tecnológicas (Google, Apple…) y el sector farmacéutico aparecen como nuevos caballos de batalla de la administración republicana. La economía vasca será más afectada que la española, ya que sus exportaciones suponen el 33% del PIB, frente al 23% de España; por otro lado, somos ligeramente más sensibles a la exposición al mercado norteamericano, el cual representa el 6,4% de las exportaciones vascas (el 4,9% en España). Asimismo, la especialización vasca en productos intermedios o de equipo industriales podría perjudicarnos, dado el objetivo de recuperar producción manufacturera en EE.UU.

En otros sectores también sensibles para la CAPV, como el vino, parece más difícil que se cierren las fronteras americanas, habida cuenta de la enorme factura de las exportaciones francesas e italianas, países que sin duda presionarán para reducir el arancel. En consecuencia, y en línea con lo apuntado por los gobiernos central y vasco, habrá que arbitrar las clásicas medidas de apoyo a la industria: ERTE, avales, sostenimiento del empleo o plantear una revisión de la política de fomento a la internacionalización. En referencia a esta última área, se ha afirmado de manera genérica que se tratará de “abrir nuevos mercados y consolidar alianzas estratégicas en regiones como Mercosur, Asia y África”. Sin duda, es un buen objetivo, pero también habría que recordar que va a ser imposible sustituir un mercado con la dimensión y el potencial del estadounidense. Se echa igualmente de menos una mención al resto de Europa, hacia donde tal vez, en un entorno proteccionista global, tengamos que dirigir prioritariamente las miradas en el futuro.

No obstante, las empresas que tengan intereses consolidados en EE.UU., con implantaciones productivas o comerciales, deberán incorporar el arancel a su estructura de costes, además de repensar cualquier plan de expansión futura. Para las compañías que deseen mantener sus ventas, una opción plausible sería repartir los costes del arancel con el cliente, tal vez vendiendo a precios CIF con un descuento; no obstante, la incertidumbre en torno al valor final del arancel impide que se puedan efectuar planes de venta a medio plazo.

Ni que decir tiene que las operaciones pactadas a precios DDP (incluyendo el pago del arancel por el exportador) deberían evitarse. En suma, el más que previsible cierre parcial del mercado estadounidense obliga a un replanteamiento, no solo de las políticas públicas de apoyo exterior, sino también de los planes individuales de expansión corporativa. Sería conveniente que se afrontaran cuanto antes las negociaciones bilaterales EE.UU.-UE para aclarar el panorama al que se enfrentará el colectivo empresarial.