El Consejo de Administración del Servicio Vasco de Empleo - Lanbide ha aprobado este jueves, 27 de julio ayudas por valor de 15,33 millones de euros para el desarrollo de acciones de orientación profesional con las que mejorar la empleabilidad y para la mejora de las competencias de las personas trabajadoras. 
El Consejo ha dado luz verde en su reunión a una partida de 12,13 millones de euros con carácter bienal (2023-2025) para el desarrollo de servicios de orientación profesional. Se trata de un servicio integral cuya finalidad es ayudar a los usuarios del Servicio Vasco de Empleo a mejorar su empleabilidad, promover su carrera profesional y facilitar su contratación u orientar hacia el autoempleo. Para ello se hace un diagnóstico individualizado y se elabora su perfil para identificar competencias, formación, experiencia, intereses y posibles oportunidades profesionales, así como diseñar el itinerario personalizado de empleo. Entre los destinatarios se contempla una línea dirigida específicamente a personas de colectivos considerados en desventaja. Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 
Asimismo, se ha aprobado otra convocatoria dotada con 3,2 millones de euros para que las empresas de la Comunidad Autónoma Vasca promuevan acciones formativas para sus trabajadores, en concreto acciones estratégicas que mejoren sus competencias y cualificaciones profesionales. 
Finalmente, en la reunión de este jueves se ha habilitado un nuevo plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de subvenciones para la realización de programas formativos para la mejora de las capacidades digitales de personas desempleadas para impulsar el emprendimiento y el desarrollo rural, así como reducir la brecha de género. Enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea, esta convocatoria novedosa cuenta con 4,55 millones de euros. Las personas destinatarias son, prioritariamente, mujeres desempleadas residentes en municipios de menos de 30.000 habitantes. Deberán suponer al menos, el 65% de la acción formativa.