La patronal reclama un gobierno estable y fuerte para seguir creciendo

Algunos de los invitados, con el lehendakari y el presidente de SEA.

Los vicepresidentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi –presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme)– y Juan Pablo Lázaro –presidente de la CEIM Confederación Empresarial de Madrid– fueron los conferenciantes invitados en la Asamblea de SEA, que departieron sobre ‘Retos y claves de futuro para el tejido empresarial ante los desafíos e incertidumbres de la economía’.
Garamendi reclamó “un marco de estabilidad” en España ante “los nubarrones” que ha supuesto la incertidumbre política de los últimos meses. Lázaro apoyó las palabras del presidente de Cepyme señalando que “hacen falta políticos valientes que tomen decisiones valientes”, aunque “quizás a corto no sean populares”. El máximo responsables de la Confederación Empresarial de Madrid deseó, además, que “gobierne quien gobierne” tras el 26-J, el nuevo Ejecutivo opte por “seguir con las reformas”.
Antonio Garamendi explicó que “los empresarios no estamos en campaña y no pertenecemos a ningún partido, pero les pedimos que sean muy responsables con lo que el país necesita”, recalcando que “el crecimiento viene de estabilidad presupuestaria”.
El presidente de Cepyme señaló que en la situación económica de España hay “claros y oscuros”. Entre los primeros citó, entre otros, el aumento de las exportaciones, el superávit en la balanza comercial y la creación de empleo. Las “nubes” surgen de que el crecimiento económico de España se ha visto favorecido por circunstancias ajenas, como el ciclo mundial favorable, el tipo de interés bajo para la deuda y la caída del precio del petróleo.
Para Garamendi, los “nubarrones” vienen del mundo de la política y comenzaron con la “incertidumbre política y el fracaso de la responsabilidad pública y del liderazgo político” tras las elecciones generales de diciembre del año pasado y la imposibilidad de formar gobierno.
En política económica, el dirigente empresarial reclamó una bajada de impuestos porque supondrá, dijo, una mayor recaudación para las arcas públicas mediante un mayor consumo. Pidió también la supresión de los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones, que son “una rémora de los impuestos confiscatorios”, y una reducción de los costes energéticos, que son más altos que en Europa.
Lo mismo pasa, dijo Garamendi, con el “lastre” de las cotizaciones sociales, que “en España son un 30 % más caras”, por lo que, si los costes laborales bajaran, “los salarios, sin duda, subirían”.
Otra de las actuaciones que mejorarían la competitividad de las empresas, según el presidente de Cepyme, sería tomar medidas contra la morosidad, que es “el verdadero problema”, especialmente en el caso de las pymes, ya que un 10% de su facturación está afectada por el retraso en el pago de facturas tanto por parte de las administraciones públicas como de las empresas grandes, “que se aprovechan de las chicas”.
Contratar a jóvenes
En su intervención durante la clausura de la Asamblea General de SEA, el lehendakari, Iñigo Urkullu, recordó los datos que demuestran el “cambio de tendencia” de la economía alavesa desde 2014, que ésta está creciendo “a buen ritmo” los últimos meses, y que esa recuperación comienza a trasladarse también al empleo. No en vano, la tasa de paro en Álava se ha reducido en cuatro puntos en el último año.
“Tenemos el gran reto de mantener esta senda de crecimiento y empleo”, aseguró el lehendakari, quien quiso aprovechar la oportunidad para animar una vez más a los empresarios del territorio –que tienen previsto contratar a 9.000 personas este año– a que respondan al “reto social” de la integración laboral de la juventud.
El lehendakari también realizó un llamamiento a recuperar la “normalidad” de las relaciones laborales, evitando la confrontación y a través de un acuerdo “que no se imponga desde ámbitos estatales”, y que permita “restablecer” la tasa de cobertura de la negociación colectiva, recuperando a 100.000 personas que han perdido su convenio por efecto de la reforma laboral. Para ello, Urkullu considera necesario contar con instrumentos jurídicos que protejan “nuestro marco de negociación colectiva”. “Su materialización está al alcance de los agentes sociales”, añadió.
Urkullu acudió al acto acompañado por las consejeras de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, y de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, así como por del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña.

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