El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de la primera Ley de Empleo con la que va a contar Euskadi. Una norma que, a juicio de la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo del Ejecutivo autonómico, Idoia Mendia, no solo cubre un vacío legal desde hace una década, sino que nace con “vocación transformadora, alineada con los principios sociales europeos, y de eficacia en la garantía de los servicios públicos”. 
Idoia Mendia también ha resaltado el papel activo que otorga la Ley a todos los agentes sociales y económicos y a todas las instituciones; especialmente, a los ayuntamientos. Asimismo, la vicelehendakari ha insistido en que la Ley tiene la ambición de dar respuesta “a las necesidades tanto de las personas trabajadoras como de las empresas ante los retos que tenemos por delante”, al tiempo que ha destacado que “utilizamos nuestro autogobierno para avanzar en igualdad al ampliar derechos de ciudadanía a poder adaptarse a los cambios sin que nadie sea expulsado del mercado laboral, y al acceso a un trabajo digno, que también definimos por primera vez”.

Idoia Mendia estima que existen cuestiones fundamentales por las que en esta ocasión la norma sí va a ver la luz

Ayuntamientos
En este sentido, Mendia ha indicado que la Ley “ordena, bajo el liderazgo del Gobierno vasco y de Lanbide, todas las actuaciones de las más de 300 instituciones, agentes sociales y económicos que hoy día actúan en las políticas activas” para trabajar en red, aunque ha apuntado el “protagonismo más acusado” que van a tener los ayuntamientos, “a quienes garantizamos participación y financiación para responder a las necesidades de sus vecinos y vecinas y a las de las empresas de su entorno”.
Con respecto a los intentos previos de sacar adelante una Ley de Empleo, la vicelehendakari Idoia Mendia ha citado tres cuestiones fundamentales por las que en esta ocasión sí va a ver la luz. “La aprobación de la Ley del Sistema vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión –ha dicho–, que avanza una línea de intervención en Lanbide que cambia la manera de funcionar y permite volcar recursos en las políticas activas; el propio proceso de transformación de Lanbide para ser la herramienta eficaz como servicio público de empleo, y el aval político del que parte, que cuenta con una mayoría suficiente en el Parlamento; pero, sobre todo, con una acreditada vocación de consenso”.