La ciberseguridad es cada vez una preocupación mayor de la que ya son ajenas pocas empresas. Los incidentes en grandes compañías, como recientemente Euskaltel, o en instalaciones críticas, como el Hospital Clinic de Barcelona, a los que los ciberdelincuentes acceden muchas veces desde los proveedores más pequeños, evidencian su criticidad en un momento de hiperconexión. 

Según el informe del portal Adjudicaciones TIC, la inversión en ciberseguridad de las administraciones públicas españolas en 2022 rozó los 228 millones de euros, mediante un total de 880 adjudicaciones. Sumando la inversión autonómica y municipal, País Vasco fue la tercera comunidad en la que más se invirtió -7,3 millones, es decir, el 10,58% del total de las administraciones territoriales, por detrás de Andalucía y Cataluña-.

Euskadi cuenta con un importante ecosistema de empresas (130 empresas privadas –con referentes como CounterCraft–, de las cuales 31 son startups), a las que apoyan tanto el Centro Vasco de Ciberseguridad que, en breve, dará lugar a Agencia Vasca de Ciberseguridad, como el Centro de Ciberseguridad Industrial de Gipuzkoa, ZIUR que, según sus últimos estudios prevé que los ataques dirigidos a los procesos integrados en la cadena de suministro de las grandes empresas se multiplique en los dos próximos años, con consecuencias graves tanto para las empresas como para sus clientes y proveedores.