Confieso que, en estos tiempos en los que los debates sobre financiación pública parecen centrarse únicamente en las restricciones presupuestarias, me permito sentir cierta nostalgia de los fondos europeos. No por una cuestión sentimental, sino porque han demostrado ser una herramienta extraordinariamente eficaz para acelerar transformaciones que llevaban años esperando una oportunidad. En el ámbito del agua, los fondos Next Generation y, en particular, los PERTE de digitalización del ciclo del agua, han supuesto mucho más que una línea extraordinaria de financiación. Han sido el catalizador necesario para acometer proyectos que, aun siendo técnica y ambientalmente imprescindibles, competían constantemente con otras prioridades presupuestarias. Gracias a ellos, las entidades gestoras hemos podido avanzar en la reducción de pérdidas de agua, la implantación de sistemas de telelectura, la generación eléctrica sostenible para autoconsumo, la renovación de infraestructuras hidráulicas y el despliegue de herramientas inteligentes para la gestión de las redes y los datos en general. Con un objetivo común: prestar un mejor servicio a la ciudadanía utilizando menos recursos y con mayor resiliencia frente a los desafíos futuros. 

La experiencia ha sido especialmente valiosa porque ha demostrado que el sector estaba preparado. Los proyectos se diseñaron, licitaron y ejecutaron. Los hitos comprometidos se alcanzaron y las administraciones responsables fuimos capaces de transformar una financiación europea extraordinaria en inversiones reales y medibles sobre el territorio. El balance es incuestionable: más digitalización, mayor conocimiento de las redes, mejor eficiencia hídrica y energética y una gestión más acorde a la demanda de la sociedad del ciclo integral del agua. Pero precisamente cuando empezamos a recoger los frutos de este esfuerzo colectivo, aparece un nuevo reto de enorme magnitud. La reciente revisión de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, el denominado nuevo TARU, marca objetivos mucho más exigentes en materia de eliminación de nutrientes, eficiencia energética, reducción de microcontaminantes, control de vertidos y monitorización ambiental. Son objetivos plenamente compartidos por el sector, porque responden a una necesidad real de protección de nuestros ríos, estuarios y ecosistemas. Sin embargo, también conviene ser honestos: cumplir con estos nuevos requisitos exigirá inversiones sin precedentes. Las estaciones depuradoras deberán incorporar nuevas tecnologías, adaptar procesos existentes y afrontar costes de explotación más elevados. No se trata únicamente de una mejora incremental, sino de una auténtica transformación de las infraestructuras de saneamiento que requerirá recursos financieros significativos durante los próximos años. Por eso, cuando manifiesto nostalgia de los fondos europeos, en realidad estoy hablando del futuro. El éxito de los PERTE del agua ha demostrado que existe capacidad técnica, solvencia administrativa y voluntad de ejecución. Se ha acreditado que cada euro invertido genera avances tangibles para la ciudadanía y para el medio ambiente. Sería difícil encontrar un mejor precedente.

Si la digitalización del ciclo del agua mereció un impulso extraordinario para afrontar los retos del siglo XXI, resulta razonable pensar que la adaptación al nuevo TARU merece una ambición similar. No como una ayuda puntual, sino como una estrategia comunitaria o de país. Porque la mejor manera de aprovechar el éxito de los PERTE no es contemplarlo con nostalgia. Es utilizarlo como punto de partida para la siguiente gran transformación del agua. Y esa transformación ya tiene nombre: el cumplimiento del nuevo TARU. Quizá la mejor herencia de los fondos europeos sea comprender que, cuando se financian adecuadamente los retos correctos, los resultados terminan llegando. Y el agua, una vez más, merece estar entre esas prioridades.