La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La incertidumbre y la inseguridad jurídica que propició el citado texto legal, dio origen a que, apenas cinco años después, se promulgase la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, entre cuyas novedades se extiende