La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, estableció para las empresas con más de 50 personas trabajadoras la obligación de disponer de “un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI”, así como de un protocolo destinado a hacer frente al acoso o la violencia contra este colectivo. El plazo dado por el legislador para la implementación de estas medidas en las empresas fue de doce meses, pero quedaba pendiente que el Gobierno desarrollara reglamentariamente su contenido. Vencido

Recientemente, ha entrado en vigor el Real Decreto-ley 2/2024 que, en lo que aquí interesa, regula la prevalencia —sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos— de los convenios colectivos sectoriales autonómicos y provinciales sobre el convenio estatal. A diferencia de lo que ocurría hasta ahora, desde la entrada en vigor de esta norma y sujeto a que se den determinadas condiciones, primará el contenido del convenio de ámbito autonómico o provincial sobre aquel de ámbito estatal. Esta modificación del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores tiene el objetivo declarado de “promover el desarrollo de los ámbitos autonómicos de negoci