Las políticas, tanto públicas como privadas, en el ámbito del mantenimiento y la eficiencia energética están totalmente condicionadas por un entorno regulatorio cada vez más exigente. El ritmo que marca la Unión Europea en materia de reducción tanto de emisiones de CO₂ como de consumos energéticos obliga a las empresas de nuestro territorio a adoptar las medidas necesarias en este ámbito. 
Por encima de todo destaca el paquete legislativo ‘Fit for 55’ de la UE. Se trata de la estrategia global de la Unión, el conglomerado de leyes establecido para cumplir con el objetivo de reducir en un 55% las emisiones de CO₂ para 2030. Y dentro de este paquete, entre otras, se encuentra la Directiva de Eficiencia Energética (EED), que es la herramienta concreta establecida para reducir el consumo energético. En este ámbito, la UE dictamina que para 2030 el conjunto de Estados miembros tendrá que reducir un 11,7% el consumo de energía. Para ello establece un primer ritmo de reducción para cada Estado de un 1,49% anual para el período 2024-2027, para pisar un poco más el acelerador en los tres últimos años. De 2028-2030, cada uno de los 27 deberá reducir el consumo energético casi en un 2% al año (1,9%) para alcanzar el objetivo establecido. 
Estas metas de obligado cumplimiento influyen, por tanto, en el día a día de las empresas, obligadas a adaptar sus hojas de ruta a estas directrices.  De esta manera, las certificaciones en normativas internacionales como la ISO 50001 (gestión energética) o la ISO 55001 (gestión de activos) están cada vez más integradas en las estrategias de mantenimiento.