Los trámites aduaneros serán como con un tercer país.
El acuerdo alcanzado para un Brexit ordenado “salvaguarda la integridad del mercado único y la indivisibilidad de las cuatro libertades (personas, bienes, servicios y capitales) –se señala desde Bruselas–, y refleja el hecho de que el Reino Unido abandona el ecosistema de la UE y sus normas comunes, mecanismos de supervisión y ejecución. Por lo tanto, ya no podrá disfrutar de los beneficios de la pertenencia a la UE o del mercado único”.
Así, desde el 1 de enero, ese país está fuera del mercado único y la unión aduanera de la UE, así como de todas las políticas comunitarias y los acuerdos internacionales, por lo que se acaba la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales entre el Reino Unido y la Unión Europea como hasta ahora se conocía. A partir de ahora, forman dos mercados separados; dos espacios regulatorios y legales distintos, lo cual creará barreras al comercio de bienes y servicios y a la movilidad e intercambios transfronterizos que no existen en la actualidad, en ambas direcciones.
La movilidad y los intercambios
transfronterizos en ambas
direcciones se verán afectados
En cualquier caso, el Brexit ordenado ha sido recibido con satisfacción por la mayoría de las empresas, especialmente las grandes, con intereses en el Reino Unido. Por ejemplo, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola –que tiene en ese país unos de sus principales mercados–, ha dicho que el acuerdo elimina incertidumbres y permite a ambas partes centrarse en la recuperación económica, para la cual es esencial la estabilidad regulatoria. Galán ha añadido que es el momento de poner en marcha el acuerdo y maximizar la el impacto de las relaciones económicas y comerciales mutuas.
No obstante, cabe señalar que el Acuerdo de Retirada, por el que Reino Unido salió de la UE el 31 de enero de 2020, y el Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte siguen vigentes “para proteger, entre otras cosas, los derechos de los ciudadanos de la UE y los nacionales del Reino Unido, los intereses financieros de la UE y, fundamentalmente, la paz y la estabilidad en la isla de Irlanda”, explica la Comisión Europea.