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RANCISCO JAVIER ARRIETA, PROFESOR TITULAR DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO


Principales medidas de la futura Ley de Reforma de las Pensiones

RANCISCO JAVIER ARRIETA

 

Francisco Javier Arrieta

Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Deusto

Una vez renovado el Pacto de Toledo, contamos con un Proyecto de Ley que busca reformar las pensiones. Desde hace décadas existe un problema de sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social y, actualmente, el problema parece agravarse, porque en pocos años empezarán a acceder a la jubilación las personas de la generación más grande de nuestra historia, la del ‘baby boom’. Este desafío demográfico constituye un reto y, para afrontarlo, son dos los objetivos que se persiguen: ofrecer certidumbre a los pensionistas y reforzar el equilibrio del Sistema como forma más efectiva de asegurar una adecuada capacidad de respuesta a las exigencias demográficas y económicas.
Respecto al primer objetivo, se deroga definitivamente el índice de revalorización y se recupera la garantía del poder adquisitivo a través de una actualización de las pensiones en función de la inflación del ejercicio anterior. Sin embargo, subsistirá el problema de la suficiencia de las pensiones si las mismas parten de cuantías bajas. Ello se debe al cada vez mayor endurecimiento de los requisitos para el acceso a las mismas, así como al recorte sufrido por los complementos por mínimos desde 2013, que conlleva que, aunque las cuantías de las pensiones a complementar se sitúen por encima del umbral de la pobreza, pueda suceder que en el caso de las pensiones más bajas no se llegue a alcanzar la cuantía de pensiones mínimas ni siquiera con el complemento. Con todo ello se tiende a asistencializar el Sistema.
En relación con el segundo objetivo, se prevén distintas medidas que, en conjunto, pretenden actuar sobre el acceso a la pensión de jubilación. Dentro del marco de un modelo de jubilación flexible, se busca priorizar el reforzamiento de los instrumentos de desincentivo e incentivo, respectivamente, para con los supuestos de jubilación anticipada y de jubilación demorada.
En materia de jubilación anticipada voluntaria se pretende revisar los coeficientes reductores aplicables, con el fin de promover la jubilación a edades más próximas a la edad legal y favorecer las carreras de cotización más largas. Se quiere penalizar esta modalidad, con la siguiente excepción: se prevé una mejora cuando se trate de pensiones de jubilación anticipada causadas a partir del 1 de enero de 2002, y cuyos destinatarios serían los pensionistas que hayan accedido a la jubilación anticipada con 44 años y 6 meses de cotización. Se trata de una excepción que supone haber comenzado a trabajar tempranamente y no sufrir interrupciones en la vida laboral; es decir, algo poco real, salvo que se nazca con pala y picachón.
Respecto a la jubilación anticipada involuntaria se prevé ampliar las causas que la permitan e introducir modificaciones en los coeficientes aplicables. La solución puede llegar a ser perversa pues, al mismo tiempo, se condena a la jubilación a muchas personas y se les penaliza.
En materia de jubilación anticipada por razón de actividad se pretende revisar el procedimiento de reconocimiento de coeficientes reductores por edad. Además, se desgaja de esta modalidad la jubilación anticipada por discapacidad.
Para favorecer la jubilación demorada se sustituye el incentivo único existente hasta la fecha y se conceden al interesado distintas opciones.
En la jubilación activa la novedad consiste en exigir que para acceder a la misma haya transcurrido un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Algo que a partir de 2027 supondrá compatibilizar la pensión con el trabajo a partir de los 68 años. Esta medida es peligrosa porque no protege el riesgo de vejez y se aleja del concepto económico de jubilación, que supuso una revolución en el estado del bienestar.
Finalmente, se mantiene la jubilación forzosa pero a partir de los 68 años, en contra de lo recomendado por la UE y el TC, y olvidando que el derecho a jubilarse es un derecho personalísimo de cada trabajador.
En suma, ¿caminamos hacia el estado del malestar por mor de la sostenibilidad?
 

 

Publicación:
24/11/2021
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