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RICARDO SANZ. SOCIO DIRECTOR DE SANZ Y SAIZ, ABOGADOS


Acercamiento a la nueva Ley de Contratos del Sector Público

RICARDO SANZ

 

   RICARDO SANZ
SOCIO DIRECTOR DE SANZ Y SAIZ, ABOGADOS

Son innumerables las manifestaciones legislativas que se vienen produciendo desde la ya vieja Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las Administraciones Públicas hasta la reciente publicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directrices del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuya entrada en vigor se producirá el día 9 de marzo de 2018, en su práctica totalidad.
Por lo tanto, abandono el ejercicio estéril de enumerar tales modificaciones, no sin dejar constancia del efecto perturbador que supone la legislación motorizada que padecemos y abordo el objetivo que persigo, consistente en exponer de forma cercana los aspectos esenciales de una Ley cuyo objeto, los contratos públicos, suponen el 20% del PIB español.
La nueva Ley contiene nada más y nada menos que 347 artículos, 53 disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 16 disposiciones finales, lo que constituye un texto muy extenso, no exento de complejidad.
Los objetivos que inspiran la nueva Ley son varios, aunque intentan resumirse en dos. En primer lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación pública; y en segundo lugar, el de conseguir una mejor relación calidad-precio. Para lograr este último objetivo por primera vez se establece la obligación para los órganos de contratación de velar porque el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente, mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.
Otro objetivo añadido es incrementar la participación de los pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la contratación pública mediante la simplificación de trámites al imponer una menor burocracia para los licitadores, de forma que el proceso de licitación resulte más simple, con la idea de reducir las cargas administrativas de todos los operadores económicos. También con la finalidad de beneficiar a las empresas y a sus trabajadores se endurecen las disposiciones que regulan las ofertas anormalmente bajas, antes conocidas como bajas temerarias, estableciendo la obligación de que los órganos de contratación rechacen las ofertas, si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.
Otro aspecto fundamental de la nueva Ley es la introducción de una norma especial relativa a la lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses, mediante la cual se impone a los órganos de contratación la obligación de tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación.
En línea con las medidas para luchar contra la corrupción, se hace una nueva regulación de las prohibiciones de contratar, de forma que se aumentan los casos de prohibición modificando la competencia, el procedimiento y los efectos de una declaración de este tipo. También se contempla la posibilidad de que determinadas prohibiciones de contratar bien no se declaren o bien no se apliquen, según el caso, cuando la empresa hubiera adoptado medidas de cumplimiento normativo destinadas a reparar los daños causados por su conducta ilícita, lo que aboga a favor de la necesidad de que las empresas adopten un manual de cumplimiento o compliance a la mayor brevedad.
 

 

Publicación:
03/01/2018
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